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Los encuestados también sostuvieron que están de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo.
En la previa de la Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo este miércoles frente al Congreso de la Nación, una encuesta mostró que casi el 85% de la población tiene una opinión positiva sobre la universidad pública. Por el contrario, solo el 10,9% cree que la imagen de estas instituciones es negativa.
La encuesta, realizada por la consultora Analogías, reveló que el 84,3% de los encuestados confía en la universidad pública, frente a un 10,9% que la ve negativamente. En tanto, un 4,8% de los encuestados decidió no opinar al respecto.
En cuanto a la calidad del aprendizaje y el desempeño en las universidades públicas, el 42,3% de los encuestados opinó que es muy bueno. Dentro de este grupo, los jóvenes de 16 a 29 años lideran con un 50,8%, siendo esta parte de la edad promedio del alumnado universitario.
Finalmente, el 59,3% cree que la Ley de Financiamiento Educativo, que fue recientemente sancionada y luego vetada por el Gobierno, es adecuada. Por el contrario, el 26% piensa que no, mientras que el 14,7% optó por no responder.
Sobre las edades de los encuestados, las mujeres de entre 45 y 59 años fueron las que más apoyaron este resultado, con un 87%. Justo detrás están los jóvenes de 16 a 29 años, que tienen un 86,4% de confianza. La franja de 30 a 44 años también mostró un respaldo fuerte, con un 82%.
Esta encuesta se realiza en el contexto de la Marcha Federal Universitaria, que busca exigir mejoras en los salarios de docentes y no docentes, infraestructura y mayor presupuesto.
El presidente Javier Milei confirmó que derogará la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa aprobada recientemente en el Congreso de la Nación, y que tenía como objetivo garantizar la actualización periódica de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas del país. Estas partidas cubrirían gastos operativos, así como proyectos de investigación y extensión, fundamentales para el desarrollo académico.
Una de las características más relevantes de la normativa era la obligación de ajustar dichos fondos cada dos meses, teniendo en cuenta la inflación, lo cual buscaba asegurar que las instituciones educativas no vieran reducida su capacidad de funcionamiento en un contexto de alta inflación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación informó que la implementación de esta ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representaba aproximadamente el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Este alto costo fiscal es uno de los principales motivos que llevaron al Ejecutivo a optar por el veto.
La medida había contado con 57 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención en el Congreso, pero el mandatario manifestó su decisión de rechazarla rotundamente, lo que ha generado preocupación en el ámbito académico y la posibilidad de nuevas movilizaciones estudiantiles.
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