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El fiscal federal dispuso las primeras medidas. Una de las primeras es identificar a los efectivos que estuvieron en el lugar del hecho.
El fiscal federal Eduardo Taiano tomó las primeras medidas en la investigación por la represión que sufrieron una niña y su madre durante una marcha en defensa del aumento a los jubilados en Congreso, medida que había sido vetada por el presidente Javier Milei. El incidente ocurrió el 11 de septiembre y generó una fuerte controversia, tras la denuncia presentada por la familia afectada.
En su investigación inicial, Taiano solicitó la identificación de los efectivos policiales presentes durante los hechos. Además, requirió al comisario mayor de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal un informe detallado sobre el operativo realizado ese día.
Una de las principales preocupaciones del fiscal es esclarecer el accionar del agente Rivaldi, quien fue señalado como el responsable de rociar gas pimienta en los rostros de Carla Marina Pegoraro y su hija de 10 años, Fabrizia Pegoraro.
En la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, la madre relató que ambas participaron en la marcha pacífica frente al Congreso cuando, de manera repentina, las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes. Durante este avance, Rivaldi roció gas pimienta a menos de medio metro de distancia, causando daños físicos y emocionales a madre e hija. Esta versión contradice las declaraciones oficiales del Gobierno.
Taiano también ordenó la recopilación de imágenes y videos disponibles en sitios web, redes sociales y medios de comunicación que pudieran estar relacionados con el hecho. En uno de los videos que circula en redes sociales, se observa a un policía rociando gas pimienta directamente sobre el rostro de la menor, lo que ha causado indignación y reforzado las acusaciones de violencia institucional.
La denuncia también apunta a la presunta responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su rol en el operativo represivo. El abogado presentó cargos bajo los artículos 248 y 45 del Código Penal, que castigan a los funcionarios públicos que dictan o ejecutan órdenes contrarias a la ley, o que participan en la ejecución de hechos ilegales.
La denuncia fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Luis Rodríguez. Dalbón ha calificado el hecho como un claro caso de "violencia institucional" y de violación de los derechos humanos, en particular de la Convención sobre los Derechos del Niño.
