Alberto Fernández, a través de su abogada Silvina Carreira, apeló la decisión del juez Julián Ercolini de que la causa en su contra por violencia de género continúe siendo investigado en Comodoro Py. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, deberá resolver si la denuncia continúa en los Tribunales de Retiro o se la enví­a a San Isidro.

El exmandatario fue denunciado por Fabiola Yañez, ex primera dama, por lesiones leves y graves, doblemente agravado por el ví­nculo, abuso de autoridad y de poder, sumado a amenazas coactivas. Estos episodios habrí­an iniciado en 2016 cuando viví­an en Puerto Madero, y continuado cuando Fernández ya estaba en la presidencia. 

Durante aquel año, momento en que se iniciaron los hechos, el acusado habrí­a obligado a su entonces pareja a realizarse un aborto: "??hay que resolverlo, tenés que abortar"?. La denunciante, según se establece, se "vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psí­quico irreparable". 

Mariana Gallego, la letrada que representa a Yañez, se contrapuso con que la causa se vaya de Comodoro Py debido a que los episodios de violencia habrí­an continuado perpetrándose en la quinta de Olivos. El fiscal Ramiro González estuvo de acuerdo con la abogada e insistió en que la Justicia federal de la capital porteña debe intervenir, aunque reconociendo que el lugar fue circunstancial. 

Hay dos juzgados federales dentro de San Isidro; en uno de ellos es donde Fernández y Yañez pudieron cerrar el caso que se abrió tras la famosa Fiesta de Olivos, en donde se violó el DNU que prohibí­a la circulación y las reuniones sociales en medio de la cuarentena preventiva y obligatoria. Fue el magistrado Lino Mirabelli quien aceptó el pago de una multa a modo de compensación por la violación al decreto que el mismo expresidente habí­a establecido en 2020.