Mendoza ha experimentado un notable aumento en el número de personas detenidas en comisarías, alcanzando los 195 casos en 2024, lo que representa un incremento del 126,7% en solo dos años. Esta cifra, que en 2022 era de 86 y en 2023 de 150, posiciona a la provincia en el puesto 19 a nivel nacional, con un 3% del total de personas encerradas por su sistema de justicia.

A pesar de este crecimiento, un análisis más profundo revela una particularidad mendocina: el tiempo promedio de permanencia en las dependencias policiales es de solo tres días, muy por debajo del promedio nacional de 215 días. Este dato sugiere que, si bien más personas transitan por las comisarías, su estadía es breve, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones donde las detenciones se prolongan por meses.

El informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) destaca que las comisarías no están diseñadas para alojamientos prolongados, careciendo de condiciones adecuadas y personal especializado. La brevedad de las detenciones en Mendoza podría indicar un mayor flujo de ingresos y traslados rápidos hacia establecimientos penitenciarios, lo que requiere una investigación más específica para comprender las dinámicas del sistema penal provincial.

El INECIP subraya la responsabilidad de jueces, fiscales y poderes legislativos y ejecutivos en esta problemática, recordando que la Constitución Nacional exige cárceles sanas y limpias, y que cualquier medida que mortifique a un detenido más allá de lo necesario genera responsabilidad.

En síntesis, Mendoza enfrenta el desafío de un aumento sostenido de detenciones en comisarías. Si bien su tasa de presos en estas dependencias sigue siendo baja en comparación con otras provincias, el incremento en el número de personas alojadas y la brevedad de su estancia plantean interrogantes sobre la eficiencia y las causas de este comportamiento en el sistema penal mendocino.

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