Un proyecto de salmonicultura industrial en las Islas Malvinas ha dividido a sus 3.500 habitantes, quienes ahora impulsan un referéndum para decidir si aprueban la iniciativa, considerando las posibles consecuencias para el ecosistema marino. El proyecto, de Unity Marine (una empresa conjunta entre Fortuna y F-land ApS), busca producir 50 mil toneladas de salmón al año en 16A lugares, lo que lo convertiría en el mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago. No obstante, las críticas ambientales son cada vez mayores.

Según informó The Guardian el impacto ambiental, en una zona cuyas aguas albergan krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos, podría ser devastador.

El proyecto generaría beneficios económicos significativos considerando el tamaño de la comunidad. Una evaluación encargada por el gobierno isleño calculó que una producción anual de 30 mil toneladas podría aportar 35 millones de libras por año y crear 133 puestos de trabajo.

En este marco, el 7 de agosto se inició una consulta pública que permanecerá hasta el 30 de octubre, pero Salmon Free Falklands (SFF), una organización creada por residentes para oponerse al proyecto, está reclamando que se lleve a cabo un referéndum porque desconfían de la propuesta oficial.

Sally Poncet, integrante de SFF, cuestionó los informes encargados por el gobierno porque, según afirmó, utilizan datos proporcionados por Unity Marine que no pueden verificarse. También advirtió que los desechos de los salmones podrían perjudicar a la fauna marina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las críticas también apuntan a la información todavía disponible sobre la capacidad del ecosistema para soportar la actividad. Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, sostuvo que la capacidad de carga aún no fue determinada mediante un proceso científico riguroso. También señaló que no está claro cómo se eliminarían eventuales mortalidades masivas de peces en unas islas tan remotas.

El gobierno isleño rechazó esas objeciones y aseguró que "ni defiende ni se opone a la salmonicultura". Explicó que los estudios actuales buscan analizar distintos escenarios y alimentar la discusión pública, y no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni autorizaciones para un proyecto específico. Entre la documentación de la consulta figuran informes ambientales, socioeconómicos y regulatorios, además de una descripción del proyecto preparada por Unity Marine.

La discusión ya llegó a reuniones públicas. La semana pasada, el diario local Penguin News informó que dos consultores canadienses invitados por Unity Marine expusieron sobre la experiencia de British Columbia, donde existen granjas salmoneras. Ante preguntas de residentes sobre contaminación, ruido, mamíferos marinos y las diferencias entre ambos ecosistemas, reconocieron que serían necesarios estudios específicos en Malvinas para contrastar los resultados con las conclusiones del caso canadiense.

El conflicto tiene además un antecedente judicial. En 2022, el gobierno local había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine obtuvo una revisión judicial bajo el argumento de que antes de aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. Posteriormente, ambas partes acordaron anular esa resolución y establecer el proceso de consulta que ahora está en marcha.