El Gobierno decidió modificar la estrategia para avanzar con el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger. La iniciativa continúa en revisión y llegará al Congreso, aunque no será presentada como un único proyecto ni forma parte de las prioridades legislativas inmediatas de la Casa Rosada.

El borrador se encuentra actualmente bajo análisis de la Secretaría de Legal y Técnica. Antes de avanzar con su tratamiento parlamentario, los distintos capítulos deberán pasar por la mesa política del oficialismo, que determinará cuáles tienen mayores posibilidades de conseguir respaldo, cuándo serán enviados y por cuál de las dos cámaras comenzará su discusión.

La decisión responde a una estrategia para evitar abrir simultáneamente diferentes conflictos con gobernadores, bloques dialoguistas y sectores económicos. El antecedente reciente de la discusión por la extranjerización de tierras, que finalmente debió ser retirada del proyecto de Propiedad Privada ante la falta de votos, llevó al Ejecutivo a revisar la forma de impulsar las próximas reformas.

Por el momento, la prioridad estará puesta en otros proyectos. El Gobierno busca avanzar primero con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios vinculados con Inocencia Fiscal, Propiedad Privada, la reforma electoral y el denominado Super-RIGI.

Una vez superada esa etapa, el oficialismo pretende incorporar una segunda serie de iniciativas. Allí aparecerán el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027, el denominado “grillete fiscal” y modificaciones en los mercados de seguros, inmobiliario y de capitales.

Seguros, inmobiliarias y mercado de capitales

Dentro de ese conjunto, Javier Milei considera prioritaria la reforma del mercado asegurador. El proyecto apunta a otorgar mayor libertad a las compañías para desarrollar productos sin necesidad de una autorización previa y concentrar las funciones del organismo regulador en aspectos como la solvencia de las empresas y la prevención de fraudes.

Otro de los cambios previstos alcanza al corretaje inmobiliario. La propuesta busca reducir los requisitos nacionales para ejercer la actividad, permitir la participación tanto de personas como de empresas y habilitar la prestación de servicios mediante plataformas digitales. También pretende eliminar restricciones relacionadas con las comisiones.

En materia de mercado de capitales, la intención oficial es facilitar el ingreso de inversiones y ampliar las herramientas disponibles para las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno también analiza conectar estas modificaciones con el régimen de Inocencia Fiscal para intentar que parte del dinero incorporado al sistema pueda destinarse a instrumentos de financiamiento productivo.

El documento completo tiene 144 páginas y contempla además reformas relacionadas con farmacias, gas licuado de petróleo, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje y diferentes instrumentos financieros.

El Gobierno cambia la estrategia para negociar las reformas

La Casa Rosada descartó enviar todas estas modificaciones dentro de una única ley. En el oficialismo consideran que un proyecto de semejante tamaño podría complicar las negociaciones: el rechazo de un sector específico podría terminar frenando otros capítulos que sí cuentan con respaldo político.

La experiencia reciente en el Senado terminó de reforzar esa postura. Las diferencias con gobernadores aliados por los cambios vinculados con la venta de tierras a extranjeros obligaron al Gobierno a retirar ese apartado para garantizar el avance del resto del proyecto.

También existen antecedentes de conflictos generados por medidas de desregulación implementadas mediante decretos. Uno de ellos fue el practicaje en los puertos, donde el Ejecutivo terminó suspendiendo la normativa y abrió una instancia de negociación que derivó en una reducción del 20% de las tarifas.

En ese contexto, el Gobierno busca que las áreas técnicas tengan una mayor coordinación con la conducción política antes de avanzar con reformas sensibles.

Las discusiones también generaron diferencias internas entre Sturzenegger y Patricia Bullrich respecto de la elaboración y negociación parlamentaria de algunos proyectos. Pese a esas tensiones, desde el Ejecutivo aseguran que el ministro mantiene el respaldo de Milei.

La mesa política será finalmente la encargada de ordenar el paquete, separar las reformas según su viabilidad parlamentaria y determinar cuándo será conveniente llevar cada una al Congreso.