Recientemente, el barrio de Villa Crespo fue escenario de una tragedia que conmocionó a toda la sociedad: una mujer asesinó a su esposo y a sus dos hijos menores. Este lamentable hecho no solo nos enfrenta con el dolor irreparable de una familia destruida, sino que también nos obliga a reflexionar sobre las falencias y ausencias en la atención de la salud mental en nuestro país.

En la Argentina, el derecho a la salud mental está reconocido y amparado por la Ley Nacional 26.657 (2010), que estableció un cambio paradigmático al desplazar el enfoque meramente médico y hospitalario hacia un modelo de atención comunitaria, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Esta ley garantiza la protección de la autonomía de las personas, la prevención y tratamiento de trastornos mentales y el acceso a servicios integrales que permitan la recuperación y la integración social.

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Además, el estigma y la desinformación siguen siendo barreras poderosas que impiden la detección temprana y la búsqueda de ayuda. La aparente "normalidad" de la persona con problemas de salud mental puede ocultar un sufrimiento profundo, que requiere atención profesional y un seguimiento constante.

Es fundamental:

• Fortalecer los programas de prevención y atención en salud mental, con enfoque comunitario y multidisciplinario.
• Garantizar el acceso a tratamientos adecuados y continuos, sin discriminación.
• Promover la capacitación de profesionales y equipos de salud para una detección oportuna.
• Implementar políticas públicas que destinen recursos específicos y sostenidos a esta problemática.
• Sensibilizar a la población para derribar mitos y fomentar la empatía y el apoyo a quienes padecen trastornos mentales.

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