Emesa, la empresa provincial de energí­a, es uno de los bastiones de la gestión de Cambia Mendoza, al punto de que por allí­ pasaron algunos de los proyectos clave. Y ahora tendrá la particularidad de ser liderada por especialistas foráneos en medio de un particular enroque con IMPSA y de la influencia de un instituto ligado al radicalismo. El cambio en la conducción y el formato elegido en el directorio sorprendió en Mendoza.

Emesa tiene a su cargo gran parte de la polí­tica energética de la provincia, pero además administra fondos públicos. Es esa empresa estatal la que tiene las acciones de las empresas energéticas, como HIDISA, HINISA, Distrocuyo y todos los proyectos de energí­a renovables, y petróleo. Es decir gestiona activos públicos. En ese paquete se suman participaciones en Puel Energí­a, Calbuco y sociedades con otras empresas petroleras para las áreas Loma de la Mina, Lindero de Piedra, Vega Grande.

En la última reunión de directorio se hizo oficial la salida de Pablo Magistocchi como presidente, pues fue contratado por IMPSA, empresa que tení­a muchas vinculaciones cruzadas con Emesa como "??controlante"? y hasta potencial controladora. Fue Emesa con Magistocchi a la cabeza quienes elaboraron el proyecto trunco de Portezuelo del Viento, hecho casi a medida de IMPSA y también fue el exdirector quien representó al Estado dentro de la metalúrgica en su fugaz versión estatal. En esa reunión de directorio se nombró a Gerardo Rabinovich como presidente. El hombre ya era parte del directorio y formaban con Daniel Montamat una dupla de expertos acostumbrados a asesorar y a opinar sobre temas energéticos. La diferencia es que ahora tendrá a cargo la conducción de la empresa.

Rabinovich es parte del Instituto Argentino de la Energí­a General Mosconi, que está formado en su mayorí­a por especialistas y funcionarios radicales ligados al tema energético. Allí­ está el "centro" polí­tico de donde surgen y se forman los funcionarios de Emesa. Quien lo preside es Jorge Lapeña, que es parte del grupo conocido como "??los exsecretarios"? de energí­a, junto a Daniel Montamat, otro de los radicales foráneos que son parte de la empresa mendocina de energí­a y que es asesor y parte de un influyente estudio dedicado a las inversiones en temas estratégicos como la energí­a. En el Instituto Mosconi hay otros mendocinos conocidos. De hecho la ministra Jimena Latorre es vocal y comparte el directorio con Jorge Mastracusa, exdirector de Vialidad Provincial y también exdirector del EPRE. Diego Grau, exministro de Obras de Mendoza, también es parte del Instituto, en el que está Pablo Magistocchi.

El sector polí­tico

Emesa es propiedad de la provincia y de los municipios. Por eso es frecuente que haya presencia de las comunas en el directorio. Marcos Calvente fue nombrado en el equipo de conducción, pero el dato polí­tico relevante es la presencia de Mauricio Pinti Clop en la gerencia, es decir en la gestión operativa. Pinti Clop es un radical que tiene como logro polí­tico haberle ganado la interna entre cornejistas a Néstor Majul y, así­, fue candidato a intendente de Maipú. No tiene trayectoria en el tema, pero sí­ una pertenencia especial. Es que es parte del sector polí­tico de Jimena Latorre y Natalio Mema, que tienen en el área de Energí­a y Ambiente un lugar de trabajo. Además de Pinti Clop, también están en el área Leonardo Fernández, excandidato a intendente.

En el directorio hay una tibia presencia peronista, aunque pocos se adjudican esa representación. Uno de los auditores es Armando Surballe, excandidato de la Unión Mendocina y vinculado a Carlos Ciurca. Surballe es sí­ndico de Emesa. Allí­ tendrá como compañera a una mujer vinculada a un organismo que deber controlar a cada funcionario y también a quienes están en la empresa. Se trata de Cecilia Fornés, contadora y pareja de Gabriel Ballsels Miró, el titular de la Oficina de í?tica Pública de la provincia.

Emesa fue creada por Francisco Pérez y potenciada por Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. A esa empresa le transfirieron todas las acciones que el Estado tení­a en empresas energéticas y es quien desarrolla los proyectos. Es lo que pasó con la mayorí­a de los parques solares que ahora otras empresas privadas ejecutan. En los últimos meses se comunicaron esos casos de éxito, pero también tiene en su haber algunos fracasos rotundos, como el ocurrido con Portezuelo del Viento. Ese plan cayó formalmente por la decisión del expresidente Alberto Fernández de obligar a realizar estudios ambientales extra como pedí­a La Pampa. Pero ya tení­a problemas y sospechas serias. El pliego lo elaboró Emesa y hubo un solo oferente, con IMPSA como pivote y constructoras locales como beneficiarias, particularmente CEOSA. El presupuesto era exorbitante y luego fue recalculado sin modificaciones en la obra. Además, se habí­a advertido sobre otros problemas de impacto relevante. La misma EMESA tuvo que ser garante de CEOSA por la falta de cumplimiento en contratos de energí­a renovables.

Entre otras cosas, tuvo que pagar 385 mil dólares por cuenta de CEOSA  por los incumplimientos de "??Walta energí­a"?. La Secretarí­a de Energí­a habí­a dictado la resolución 1.260 por la cual las empresas que habí­an sido adjudicadas en los programas Renovar y tení­an contratos de abastecimiento con CAMMESA, debí­an hacerse cargo de los incumplimientos, no solo con la desafectación sino con multas. Lo mismo ocurrió con la empresa Allen, formada por la misma Emesa y CEOSA, por el abandono de un proyecto en El Carrizal. El pago en ese caso fue de 372 mil dólares.  Por los incumplimientos de Puell, que tiene a cargo el parque solar de Palmira, se ejecutó otra multa de 391 dólares.