La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) al mes de agosto de 2026 revela un drástico ajuste del 32% en el gasto total en comparación con el mismo período de 2023. Este recorte sin precedentes impacta de lleno en áreas vitales para el desarrollo social y productivo del país, mientras que la Secretaría de Inteligencia del Estado experimenta un notable incremento y los servicios de la deuda pública mantienen su peso significativo.

El análisis pormenorizado del Centro de Economía Pública Argentina, sobre las cuentas públicas evidencia una clara priorización y desfinanciación de sectores clave. En el polo opuesto a la retracción generalizada, la Secretaría de Inteligencia del Estado dependiente de Presidencia de la Nación, es la única área que registra un incremento real del 42% en su ejecución, marcando una excepción en un panorama de fuerte austeridad.

Por otro lado, los Servicios de la Deuda Pública continúan absorbiendo una parte sustancial del presupuesto, concentrando el 12% del gasto total ejecutado, lo que subraya la presión de los compromisos financieros sobre las arcas estatales.

Los recortes más importantes

Los sectores más afectados por este ajuste son la **salud, la seguridad social, la ciencia, la educación, el desarrollo productivo, el transporte y la obra pública**. Las cifras son contundentes y reflejan un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos:

Salud: La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 61%, los hospitales nacionales entre un 28% y un 51%, el Instituto Malbrán un 30% y la ANMAT un 38%. Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades evidencian caídas de hasta el 100%. La excepción a esta tendencia es el INCUCAI, que registra un incremento real del 64%.

Ciencia y Tecnología: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación muestra una drástica caída del 89%, el CONICET un 35% y la CONAE un 65%. Organismos como el Servicio Geológico Minero Argentino, la Fundación Miguel Lillo, la CONEAU y el Servicio Meteorológico Nacional también experimentan recortes significativos.

Seguridad Social y Desarrollo Social: La ANSES ve reducida su ejecución en un 6%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte del 75% y el INAES un 80%. Programas como Economía Social, Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y el Plan Nacional de Protección Social registran caídas de hasta el 100% o cercanas a esa cifra. Las políticas alimentarias no escapan a la tijera, con disminuciones del 62% en Comedores Comunitarios y Merenderos, y del 37% en la Prestación Alimentar.

Educación: Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tienen una ejecución nula (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes se reduce en un 85%, las Acciones de Formación Docente en un 92% y el Desarrollo de la Educación Superior en un 39%. La partida de Infraestructura y Equipamiento sufre un recorte casi absoluto del 97%.

Desarrollo Productivo y Energía: La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída del 34%, acompañada por descensos en organismos reguladores clave del sector.

Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Todas las fuerzas, incluyendo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, experimentan recortes que oscilan entre el 20% y el 35%.

Transporte y Obra Pública: Este sector muestra una ejecución extremadamente baja, con caídas del 78% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes, lo que augura un freno significativo en la infraestructura del país.

Transferencias a provincias y municipios: La cooperación y asistencia técnica a municipios se desploma un 98%, y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires sufre un recorte total del 100%.

De esta forma, el Gobierno Nacional profundiza un escenario de fuerte reducción del gasto público que impacta directamente en la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo. El incremento del gasto en Inteligencia en contraste con la magnitud de los recortes en áreas esenciales plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas fundamentales en un contexto económico adverso y genera interrogantes sobre las prioridades de la administración.