La iniciativa tiene como objetivo de reducir residuos electrónicos y extender su vida útil. Alcanza también tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad persona
El reglamento, que entrará en vigencia el 18 de febrero de 2027, obliga a que cualquier usuario pueda reemplazar la batería sin conocimientos técnicos avanzados, utilizando herramientas comunes como un destornillador o elementos específicos incluidos sin costo adicional.
Además de los teléfonos móviles, la normativa alcanzará a otros dispositivos electrónicos como tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal, como bicicletas y monopatines eléctricos.
Para garantizar la disponibilidad de repuestos, los fabricantes deberán ofrecer baterías durante varios años posteriores a la compra del producto, lo que busca facilitar la reparación y evitar el reemplazo prematuro de equipos.
Las nuevas baterías también deberán incorporar un código QR vinculado a un "pasaporte digital" que incluirá información sobre su composición, durabilidad y opciones de reciclaje, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y promover prácticas más sostenibles.
El sector contará con un período de transición para adaptar sus procesos de producción y diseño, aunque una vez en vigor, todos los dispositivos comercializados en el bloque deberán cumplir con estas condiciones sin excepciones. Estas medidas podrían llegar a implementarse en el mercado a nivel global, aunque no está confirmado.
La medida forma parte de una política más amplia impulsada por la Unión Europea, que ya incluyó iniciativas como el cargador universal (pasaron a usar la ficha USB tipo C para estandarizar el sistema), y dejar el formato "lightning" que estaba desde el Iphone 8. Además de etiquetas de eficiencia y reparabilidad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fortalecer el derecho a reparar.
