Esta semana, la Cámara de Diputados de la Legislatura mendocina, por mayoría de votos, dio media al traspaso de acciones. En conferencia de prensa, el Gobernador aseguró que "hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación, en este intento de salvar a esta compañía".
El Gobierno nacional y la Provincia de Mendoza avanzan hacia la cesión de sus acciones en la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa). Este viernes en Casa de Gobierno, el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, y el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, brindaron detalles de la situación.
También estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y los legisladores nacionales por Mendoza Lisandro Nieri (Juntos por el Cambio) y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y el jefe de gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López, y al subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini.
El Gobernador afirmó que es prioritario para el gobierno provincial el proceso de salvación de una empresa emblemática de Mendoza, con problemas desde 2010 y agravados por la economía del país.
El Gobernador remarcó que desde el Ejecutivo mendocino "hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación, en este intento de salvar a esta compañía", al tiempo que señaló que "esta compañía viene con dificultades desde el 2010, no son nuevas estas dificultades, pero se agravaron por las condiciones macroeconómicas del país. Hoy con un cambio abrupto y, en mi criterio, positivo de manejo de la economía argentina".
"Esta empresa puede ser útil en la etapa que viene, y eso nos obliga aún más al Gobierno provincial a comprometernos con este proceso", sostuvo Cornejo al tiempo que aseguró que "esta empresa nunca debió dejar de ser privada y nunca debió caer en estas circunstancias".
Así, detalló que la empresa tiene una deuda certificada de más de 500 millones de dólares, lo que significa una dificultad enorme al ser "muy cara no sólo a los sentimientos de los mendocinos, no sólo es un emblema de Mendoza, de su diversidad económica, sino además que aporta empleo, trabajo, eslabonamiento con otras industrias, y con otros sectores económicos muy relevantes".
El mandatario aseguró que este proceso es prioritario para el Gobierno provincial, que se compromete a apoyarla debido a su impacto en el empleo y la economía local, ya que Impsa tiene más de 700 empleados, la mayoría son mendocinos, "con lo cual nuestro compromiso es concreto con el proceso".
Cornejo aseguró que esta empresa debe operar bajo la lógica privada y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos. Asimismo, dejó en claro que la opción estatal está descartada y dijo que se requieren autorizaciones legislativas para vender las acciones provinciales, que se adquirieron con un aporte de 5 millones de dólares.
Según el Gobernador, esto permitirá que la compañía vuelva a tener contratos importantes y a producir: "Para eso es muy relevante que las acciones pasen a manos privadas y que el dueño de esa empresa reestructure su deuda y pueda conseguir nuevos contratos". Es más, aseguró que, paralelamente a la venta de una empresa, que se da en el marco de la Ley Base y de la legislación vigente, "necesitamos autorizaciones legislativas para enajenar, vender las acciones que son propiedad de la Provincia".
A esto le sumó que Mendoza hizo un aporte en acciones de 5 millones de dólares en su momento, por el 21% de las mismas y lo concretó por pedido del Gobierno Nacional de turno. "Por eso el liderazgo del Gobierno Nacional es muy relevante en esta oportunidad, ya que, en su momento, le aportó a Mendoza casi por única vez un ATN por 5 millones de dólares para comprar esas acciones", dijo el mandatario provincial.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Legislatura mendocina, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se lo autoriza a transferir las acciones Clase C que la provincia tiene en Impsa. La autorización se votó afirmativamente 27 a 17 votos.
Sobre este tratamiento, Alfredo Cornejo indicó que la Legislatura provincial es la única que puede autorizar a enajenar un bien según la Constitución de la Provincia de Mendoza. Así, se refirió a los 17 legisladores que votaron en contra: "Ellos quieren que la empresa siga siendo estatal, sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado".
El Gobernador puntualizó en la posición de algunos diputados provinciales "que exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la Provincia los 5 millones de dólares" y aseguró que "esa pretensión proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta, porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme".
Además, Cornejo afirmó que esa condición puede llevar a que la empresa no encuentre compradores. "Nosotros necesitamos que la prioridad del gobierno provincial y del gobierno nacional esté perfectamente alineada en este punto, es que la empresa siga en funcionamiento, que tenga nuevos contratos".
Al momento de hablar sobre los puestos de trabajo en la empresa, Cornejo señaló que se busca vender patrimonio provincial sin afectar el empleo o los contratos existentes. Es más, afirmó que hizo esta salvedad porque tiene como objetivo que se sostenga la mayor cantidad de empleo, los contratos que ya se tienen y que se logren conseguir nuevos. "Ese es el objetivo en el que estamos alineados el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional", afirmó Cornejo.
Es más, agradeció el apoyo de los diputados y senadores provinciales y señaló que aspira que en la Cámara Alta apruebe el martes próximo el proyecto para que se convierta en ley. "Los funcionarios nacionales que me acompañan y otros tantos tendrán necesidad para enajenar acciones del Estado Nacional, autorizaciones similares a las que está teniendo el Gobierno de la Provincia", remarcó el mandatario y destacó el rol de los legisladores nacionales Lisandro Nieri y Facundo Correa Llano, quienes han estado involucrados en el proceso.
"En el caso de Lisandro es parte indisoluble del equipo del Gobierno Provincial, pero en el caso de Facundo Correa Llano valoramos mucho su presencia y el acompañamiento, en calidad de representante del partido que está en el Gobierno Nacional", comentó Cornejo.
Pazo sostuvo que "ahora estamos más cerca de culminar el proceso" al detallar que durante la asamblea de hoy se decidió que el 15 de septiembre termina la etapa de diligencia y revisión de información, y luego comienzan con el llamamiento de ofertas, a cargo del secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher.
Por su parte, Chaher señaló que la Asamblea ha iniciado un proceso para un concurso público internacional tras la auditoría, habilitando un data room para cuatro grupos empresarios. Aseguró también que se evaluará la idoneidad de los oferentes para asegurar una gestión adecuada de la empresa.
"A partir de la finalización del periodo de auditoría en el cual se habilita un data room y están participando varios grupos empresarios, en total 4, vamos a hacer el proceso de concurso público internacional para que puedan ejercer el derecho de presentar ofertas", dijo y señaló que estará habilitado por un plazo de 30 días y están tomando como referencia la reglamentación Ley Base.
De esta manera, Chaher hizo hincapié en que la aplicación de toda esta normativa "asegura un proceso transparente, plural y que permita la competencia entre los privados interesados". Acto seguido, explicó que se realizará una evaluación muy exhaustiva donde se pondrá el acento en la idoneidad, para asegurarse que aquellos oferentes que se presentan estén capacitados técnicamente para asegurar el gerenciamiento y la continuidad de la compañía.
Además, explicó que el proceso terminará dentro de 30 días y dejó entrever que "eventualmente allí podremos estar dándoles las noticias".
Sobre Impsa
Impsa exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores, figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EE.UU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.
El Gobierno nacional tiene el 63,72% de las acciones de la metalmecánica desde la estatización de la compañía en 2021. Mendoza tiene el 21,2% -cesión con media sanción en la Legislatura mendocina-. El resto de las acciones se reparten entre un fondo de acreedores con un 9,78% y la familia Pescarmona, que conservan un 5,26%.