El juez Sarmiento emitió su resolución el pasado 10 de enero, tras más de un mes de audiencias y debates con opiniones divididas. Durante la pandemia, se permitió el uso de celulares en las cárceles de Mendoza debido a la suspensión de visitas presenciales por el Covid-19. Para asegurar el derecho a la comunicación de los internos, se autorizó la entrada de teléfonos, cuyos números debían ser registrados previamente por el Servicio Penitenciario.

Sin embargo, la prórroga de ese decreto nacional finalizó en diciembre de 2023. Por lo tanto, el magistrado declaró ilegal la posesión de celulares por parte de los internos, al igual que cualquier persona en libertad, y ordenó su retiro una vez que el Servicio Penitenciario instalara teléfonos disponibles para toda la población carcelaria, garantizando así su acceso a la comunicación.

No obstante, la implementación de estos teléfonos ha sido imposible hasta ahora, ya que los teléfonos públicos ya no están en uso y no se ha determinado cómo resolver esta situación.

Audiencia sobre el uso de celulares en las cárceles de Mendoza

El lunes por la mañana se llevó a cabo una audiencia presidida por la ministra de la Corte, Teresa Day, junto con los jueces Dalmiro Garay y José Valerio. En esta audiencia, tres defensores públicos, miembros de la Asociación Civil Verdad y Justicia de Mendoza, y el Ministerio Público Fiscal expresaron sus opiniones a favor y en contra del fallo que prohíbe el uso de celulares por parte de los presos.

El primero en presentar su postura fue el subrogante de la Defensoría Oficial 21, quien representó a la defensa pública y solicitó la revocación del fallo, argumentando que "el DNU 7023 extendió la autorización de tenencia de celulares en las cárceles hasta el 31 de diciembre de 2025".

El abogado subrayó que, si se retiran los celulares, "se vulnera el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad". Criticó al juez Sebastián Sarmiento por apartarse del decreto de emergencia sin proporcionar fundamentos suficientes para justificar por qué no lo consideraba aplicable, y por qué entendía que no había una emergencia sanitaria. Además, señaló que la emergencia sanitaria persiste, al igual que la crisis económica, financiera, fiscal y administrativa, lo que ha generado grandes recortes en el Estado.

El defensor público añadió que "la instalación de teléfonos públicos o semipúblicos en las cárceles de Mendoza no sería viable debido a los altos costos que esto implicaría para el Estado". Consideró contradictorio el fundamento del juez Sarmiento y aclaró que no buscan que esta autorización sea indefinida, sino que se mantenga durante la prórroga del DNU, dando tiempo para implementar reformas legislativas o instalar teléfonos.

La abogada Marcela Saffi argumentó que el uso de celulares por parte de los internos es beneficioso, ya que reduce los niveles de ansiedad y agresividad, permitiéndoles mantenerse en contacto con sus familiares y defensores cuando lo necesiten.

Además, destacó que los celulares facilitan la realización de cursos, capacitaciones y estudios, ya que la sala de informática de la penitenciaría es insuficiente y no todas las computadoras están en condiciones de uso.

Saffi añadió: "Ahora el contacto es fluido con los internos, y nos enteramos de todo al momento: problemas de salud, habeas corpus, sanciones, y más, lo que hace nuestra labor más eficiente".

La defensora oficial Isabel Pérez Palacios propuso un sistema para que los presos puedan tener celulares bajo monitoreo, evitando así que cometan delitos con ellos, como estafas.

"Es posible controlar y garantizar una comunicación segura mediante el control del uso de celulares, usando dos redes con diferentes niveles de seguridad: una para el personal penitenciario y otra restringida para los internos, filtrando contenidos y registrando llamadas para detectar y cortar de inmediato cualquier actividad delictiva", explicó Pérez Palacios.

Asimismo, mencionó que esta medida permitiría evitar el uso de chips no autorizados, ya que solo funcionarían los registrados. "Es una solución que no implica un alto costo para el Estado y se puede implementar sin afectar los derechos de los internos".

Esta propuesta está alineada con el hecho de que "no se ha realizado una inversión en los penales para garantizar la comunicación de los presos, como la instalación de teléfonos semipúblicos o públicos".

La Asociación Civil Verdad y Justicia Mendoza enfatizó el derecho de las personas privadas de libertad, consagrado en varios tratados internacionales, subrayando la importancia de la comunicación de los presos con sus familiares, especialmente con sus hijos. El fallo del juez Sarmiento solo autorizaba a las mujeres con hijos a continuar usando sus celulares.

Lucas Soler destacó que este derecho debería aplicarse tanto a mujeres como a hombres que son padres, ya que los hijos necesitan estar en contacto con ambos. También resaltó los beneficios que esto trae a los internos.

Postura del Ministerio Público Fiscal sobre el uso de celulares en las cárceles

Fernando Guzzo, en representación del Ministerio Público Fiscal, expresó una postura contraria y respaldó en gran medida el fallo del juez Sarmiento. "El juez fue claro al explicar por qué consideraba que el DNU no era válido, y hoy en día, hablar de pandemia es un hecho histórico", afirmó.

Guzzo señaló que el Ministerio Público Fiscal no se opone a la comunicación de los presos, pero no en la forma en que actualmente se permite, donde un preso tiene un celular a su disposición las 24 horas del día, como cualquier persona en libertad.

Añadió que el Estado debe garantizar el derecho a la defensa, la educación y la salud desde antes de la pandemia. "Con la orden de retirar los celulares, será responsabilidad del Estado asegurar que se cumplan estos derechos. La educación no debe depender únicamente del teléfono".

Guzzo mencionó que se han detectado delitos cometidos con el uso indiscriminado de celulares dentro de los penales, lo que representa un riesgo para toda la población.

El único punto en el que Guzzo expresó desacuerdo con el fallo fue en la decisión de retirar los celulares solo en los pabellones o sectores donde se instalen teléfonos públicos: "Ganamos para perder", afirmó, y agregó que Sarmiento no tiene competencia para ordenar esa medida.

Por lo tanto, reiteró ante el tribunal la solicitud de "ordenar la ejecución inmediata del retiro de celulares por violar la ley".