Por mayoría absoluta, la Cámara de Diputados provincial dio sanción inicial a la adhesión de Mendoza al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, tal como había solicitado el Poder Ejecutivo al remitir el proyecto.

El flamante régimen, recientemente aprobado en el Congreso y una de las banderas de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación, apunta a actividades como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, teniendo en cuenta que estos sectores, refiere en sus considerandos la norma, "cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado".

Esta "herramienta para atraer grandes inversiones de largo plazo", procura además "adelantar temporalmente" las condiciones macroeconómicas de inversión, otorgando a quienes - dentro de determinado plazo - comprometan la concreción de grandes inversiones y mientras cumplan dicho compromiso, "la certidumbre, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias que resultan necesarias para la ocurrencia de dichas inversiones", resume el texto.

No obstante, y aunque el proyecto lo incluya, se conoció en las últimas horas la aparente negativa por parte del Gobierno Nacional de incluir en el RIGI a la actividad petrolera, mientras prepara la reglamentación. Decisión que afectaría, en parte, a Mendoza, ya que se preveía incorporar nuevos capitales a la exploración y explotación de yacimientos y pozos en nuestro territorio. Iniciativas que ahora solo serían alcanzadas por los beneficios que otorga el programa Mendoza Activa Hidrocarburos.

El gobernador Cornejo había adelantado también que Mendoza busca adherir al RIGI, que ahora pasa a manos del Senado provincial, pero sin otorgar beneficios fiscales locales; ya que precisamente el programa Mendoza Activa los contempla.