Tras la muerte de Faustino Díaz Crimi en febrero de 2025, Mendoza aprobó una normativa que establece controles y requisitos para las escuelas de verano.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad la sanción definitiva de la denominada Ley Faustino. La iniciativa surgió tras el fallecimiento de Faustino Díaz Crimi, el niño de 5 años que se ahogó en febrero de 2025 mientras participaba de una de estas actividades.
La nueva normativa establece condiciones obligatorias para las escuelas de verano públicas y privadas de Mendoza. Entre sus principales medidas, contempla la creación de un registro provincial para que las familias puedan consultar qué instituciones están habilitadas para ofrecer este servicio durante el receso estival.
La regulación también apunta a mejorar las condiciones en las que funcionan estos espacios. Para eso, exige identificar a los responsables técnicos y profesionales, contar con un plan educativo, establecer la cantidad de profesores necesarios y disponer de las habilitaciones correspondientes y servicios de emergencias médicas.
Uno de los puntos que también contempla la ley es la capacitación de los propios chicos para que puedan reconocer situaciones de peligro. Según explicó la senadora Adriana Cano, de Encuentro Mendocino, fue una propuesta aportada por María José Crimi durante el trabajo para elaborar la normativa.
La autoridad de aplicación de la nueva ley será la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, que tendrá 180 días para avanzar con su reglamentación. Cano explicó que se trabaja en la posibilidad de establecer convenios con los municipios para reforzar las tareas de control en los distintos departamentos.
La senadora destacó que la normativa alcanza tanto a instituciones públicas como privadas y que la creación del registro provincial permitirá que madres y padres tengan más información antes de elegir dónde llevar a sus hijos. La intención es que las familias puedan conocer las condiciones de cada establecimiento y saber si cumple con los requisitos establecidos.
Durante el tratamiento, Cano también remarcó que la aprobación representa una respuesta institucional frente a una tragedia que no puede revertirse. “Ninguna familia tiene que atravesar una situación de esa magnitud para que el Estado revise sus funciones y cumpla con estos límites”, expresó.