Audiciones en el organismo internacional comenzaron este martes: el proceso y tres posibles escenarios.
Argentina y el Reino Unido se enfrentaron este martes en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania, por la disputa de soberanía en la explotación petrolera en las Islas Malvinas y el proyecto Sea Lion.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Argentina exige que el Reino Unido impida la explotación a través de Sea Lion, se abstenga de otorgar nuevos permisos, preserve la información de exploración y proteja el medio marino. El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, expuso estos puntos.
La delegación argentina en Hamburgo está conformada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, y Nico Schrijver, experto en soberanía de recursos naturales, actuaron como asesores externos y expusieron el caso argentino. Kohen representó a Argentina en el caso de la fragata ARA Libertad, donde el mismo tribunal ordenó su liberación en 2012.
Buenos Aires basa su argumentación en dos resoluciones de la ONU: la 2065 (1965), que reconoce la disputa de soberanía, y la 31/49 (1976), que prohíbe decisiones unilaterales. La tesis central es que explotar recursos en un área en disputa viola el derecho internacional. Kohen argumentó que Argentina busca proteger sus derechos marítimos mientras se resuelve la controversia de soberanía, que persiste por la negativa británica a negociar. Destacó la plausibilidad del reclamo argentino, reconocida por la ONU y numerosos estados, y señaló que ningún estado ha reconocido la soberanía británica.
Argentina también argumenta que el petróleo es un recurso no renovable y su extracción es irreversible, por lo que una sentencia posterior no podría restituirlo. Invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino. Buenos Aires aclara que no pide al Tribunal que resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la explotación de recursos mientras la disputa de fondo se resuelve en otro foro.
Kohen criticó la postura británica de condicionar la discusión de soberanía a la voluntad de los habitantes de las islas, lo que considera una violación de la obligación de resolver disputas por medios pacíficos.
No existe un escrito público británico ante el Tribunal del Mar. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, declaró el 13 de octubre en la Cámara de los Comunes que el reclamo argentino no invalida las licencias, no altera la autoridad reguladora de las islas y no obliga a detener el desarrollo de hidrocarburos. Citó el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los habitantes votó a favor de seguir siendo territorio británico. Londres afirma estar abierto al diálogo y a la cooperación práctica. Se presume que el Reino Unido argumentará que Sea Lion cumple con el tratado de 1982 y que la discusión principal debe ser la competencia del Tribunal.
El 13 de octubre, el gobierno británico anunció legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980 para proteger a las empresas afectadas por medidas extraterritoriales argentinas, con el objetivo de que entre en vigor antes de fin de año.
Donald Rothwell, profesor de derecho internacional, planteó el dilema central: si el Reino Unido tiene soberanía, Sea Lion es legítimo; si prevalece el reclamo argentino, el Reino Unido viola la Convemar. Advirtió sobre el posible obstáculo de la jurisdicción del Tribunal. Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides señalaron que Argentina no cuenta con una opinión de la Corte Internacional de Justicia a su favor sobre la soberanía, lo que podría afectar la dictación de medidas provisionales. Sugieren que Buenos Aires apuesta por la obligación de mantener el statu quo, basándose en resoluciones de la ONU.
La fiscal general, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo con un equipo de seis abogados. Antes de la audiencia, declaró a The Times que el Reino Unido reconoce la autoridad del tribunal, pero rechaza su competencia para expedirse sobre la disputa de soberanía. Afirmó que Argentina intenta usar el tribunal para determinaciones fuera de su competencia y que las Malvinas son territorio soberano británico.
Un dato de color: la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, viajó a las Malvinas la noche del 8 de noviembre, llegando el 9, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos.
El proceso actual se centra en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) debido a la falta de coincidencia en la elección del foro para la resolución de disputas entre el Reino Unido y Argentina. El fondo del caso se resolverá mediante arbitraje, y el TIDM solo puede dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
Para dictar estas medidas, el TIDM debe verificar tres condiciones: jurisdicción prima facie del tribunal arbitral, urgencia de la situación y verosimilitud del derecho invocado por Argentina. La decisión sobre las medidas provisionales se espera para mediados de noviembre.
Argentina y el Reino Unido designaron jueces ad hoc para el caso, ya que sus jueces permanentes se excusaron.