Los aliados reclaman fondos para discapacidad, universidades y transporte, mientras el oficialismo busca dictamen el 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25.
"Vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno", planteó Carlos Castagneto al reclamar fondos sin asignación específica. El Presupuesto 2027 enfrenta a La Libertad Avanza con sus aliados por las partidas para discapacidad, universidades y subsidios al transporte del interior.
Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición quedaron en pausa durante las elecciones en Estados Unidos, a las que viajó una comitiva de legisladores, y la visita del papa León XIV. El Gobierno Nacional espera retomarlas en los próximos días; los bloques aliados elevaron sus exigencias con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Los gobernadores sumaron demandas ligadas a sus distritos y a sus economías regionales.
El Gobierno descartó tratar el Presupuesto 2027 el 18 de noviembre y apunta a conseguir dictamen el 17 para llevarlo al recinto el 25. El plazo para firmar dictámenes en sesiones ordinarias vence el 20; si no lo logra, deberá acudir a extraordinarias, que puede convocar desde el 1 de diciembre. Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Bertie Benegas Lynch encabezan las tratativas; la última reunión con los aliados terminó sin acuerdo.
Los bloques dialoguistas reclaman rebajar el Impuesto a los Combustibles porque consideran que la recaudación no llega a sus destinos: el mantenimiento de rutas nacionales y el 2,55% para el Fondo Compensador del Transporte del Interior. Este miércoles, unos 80 intendentes reclamaron en la comisión de Asuntos Municipales de Diputados una distribución eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los intendentes se reúnen por ese reclamo desde 2024.
Los aliados reclaman garantizar fondos para las prestaciones por discapacidad y aumentar las partidas universitarias: el proyecto prevé $7,3 billones, frente a los $11 billones que piden los rectores. También ponen el foco en la Jurisdicción 91, con unos $14 billones sin asignación específica para contingencias financieras; Castagneto sostuvo: «vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno y los fondos los vamos a sacar de las partidas sin afectación específica, que están en la Jurisdicción 91″. El PRO y la UCR suman reclamos propios.
Por un lado, el PRO pide asegurar la coparticipación porteña, reducir de 21% a 10,5% el IVA de huevos y derivados, fijar plazos y tarifas para obras viales, y habilitar financiamiento para las líneas F y Belgrano Sur; también reclama extender los regímenes automotor y autopartista, que vencen el 31 de diciembre de 2027, e incorporar un régimen antievasión con intercambio de información sobre billeteras virtuales. La UCR exige eliminar cuatro artículos y, junto con Unión por la Patria, quitar el artículo 17, que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo.
Los bloques provinciales reclaman subsidios al transporte del interior, obras públicas acordadas y más recursos para las cajas jubilatorias de 13 provincias no transferidas a la Nación; el Gobierno prevé destinarles $503.000 millones, una suma que las provincias consideran insuficiente. Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora también piden avanzar con el debate de la Ley de Biocombustibles, frenado la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses. Sebastián Nóblega dijo sobre las obras: «Se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por otras vías provinciales, como las rutas nacionales 157 y 60». Nóblega pidió «blindar las partidas destinadas al INTA» y aumentar el bono para jubilados, cuya suma fija es de $70.000 desde 2023; también sostuvo: «Es fundamental escuchar las demandas sociales, el empleo, el comercio, la industria, pero, sobre todo, que el presupuesto refleje beneficios reales para la gente».
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $216 billones de gastos consolidados y $219,3 billones de recursos, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social. El Poder Ejecutivo proyecta para 2027 una inflación del 21,3%, un dólar a $1.847 para fines de diciembre y un promedio anual de $1.728. Las partidas de servicios sociales sumarían $150.913.491,9 millones y la deuda pública demandaría $18.609.176,1 millones; el consumo privado crecería 3,4% y el público, 0,6%.