El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reunirá el próximo martes; la presión está en que el oficialismo logre dictaminar antes del cierre de la agenda legislativa de noviembre.
Tras un arranque enérgico del debate sobre el Proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, el trámite se ha enfriado. La imposibilidad de cerrar acuerdos el pasado 20 de octubre y la sospecha de la oposición de que el reciente cambio de postura del presidente de EE.?UU., Donald Trump, respecto a la disputa por las Islas Malvinas haya influido en la decisión del oficialismo de frenar la discusión, son los factores que explican esta pausa.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, cuya convocatoria se había suspendido el 20 de octubre, se reunirá el martes a las 16:00. En esa reunión se determinará si el oficialismo cuenta con la energía necesaria para dictaminar el proyecto.
De lograrse el dictamen, algunos analistas apuntan a una posible sesión el miércoles 28 de octubre, última fecha disponible en el calendario antes de que el mes de noviembre se vuelva "sold out" por la discusión del Presupuesto 2027 y los feriados vinculados a la visita del Papa León?XIV.
El diputado Jorge Taiana (Unión por la Patria y ex canciller) señaló que "Estados?Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas; su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento del gobierno. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump". Estas palabras reflejan la tensión entre la política exterior argentina y los intereses estadounidenses.
El proyecto propone endurecer las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus zonas marítimas, ampliando las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no sancionado por Argentina.
Se crea un registro público de infractores que impedirá a empresas y particulares contratar con quienes figuren en él. Además, se incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados.
Otra novedad es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo coordinará acciones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas e de inteligencia, y podrá adoptar medidas urgentes ante amenazas graves, incluida la restricción de operaciones cambiarias y financieras.
El proyecto también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente a partidos y campañas políticas, y tipifica delitos por revelar secretos a servicios de inteligencia extranjeros o por financiar acciones destinadas a alterar procesos electorales.