En el cuarto plenario de la Cámara de Diputados, el oficialismo rechazó dividir el proyecto y la oposición criticó la ausencia de los ministros de Defensa y Cancillería, manteniendo la discusión sin avance.
El oficialismo llevó este miércoles su reclamo por Malvinas a un tribunal internacional y, pocas horas después, volvió a trabarse en Diputados con la Ley Malvinas, que ya ha pasado por tres plenarios sin lograr dictamen.
La estrategia de La Libertad Avanza era firmar el dictamen este miércoles para incluir el proyecto en la sesión del 21 de octubre. Sin embargo, la oposición reclamó la ausencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, y del canciller, Pablo Quirno, y criticó la propuesta de dividir el proyecto, que el oficialismo rechazó rotundamente.
El oficialismo se mostró dispuesto a modificar el polémico artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión por campañas de "desinformación". No se precisaron los cambios concretos, aunque se mantuvo la posición de no separar el primer título, que endurece sanciones a quienes exploten recursos en las islas.
La cancillería anunció en sus redes que Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales contra la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, calificándolo de "un hecho sin precedentes".
El plenario, conducido por el diputado libertario Carlos Zapata, contó con la participación del doctor en Relaciones Internacionales Marcelo De los Reyes, quien advirtió que el proyecto "mezcla peligrosamente la defensa con la seguridad nacional y la inteligencia". Diputados de la oposición, como Mónica Frade, Myriam Bregman y Esteban Paulón, denunciaron que la iniciativa busca un "control social y político" y alertaron sobre la creación de un "estado de sitio no legislado".
El artículo 111 incorpora al Código Penal la figura de la influencia extranjera indebida, con penas de prisión de 5 a 12 años para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva. La oposición considera que su redacción es tan amplia que podría afectar la libertad de prensa.
El proyecto consta de 133 artículos; los primeros 40, que derogan la ley 26.659 y amplían sanciones a empresas que exploten recursos sin autorización argentina, cuentan con acuerdo parcial. El resto reforma la seguridad, defensa, inteligencia y derecho penal, y es allí donde la oposición pide dividir el texto.
La propuesta de crear una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, presentada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, no convenció a la oposición, que exige que el consejo no quede bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo.