La Secretaría Nacional de Discapacidad estima que en 2027 habrá 1.141.436 beneficiarios de pensiones por discapacidad, una caída de 2.578 respecto a los que cobran hoy. La medida se produce en medio de debates sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y graves retrasos en los pagos a instituciones prestadoras.
Según la proyección de gastos y ejecución para 2027 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, se estima que habrá 1.141.436 beneficiarios de pensiones por discapacidad. Esto representa 2.578 pensiones menos que los 1.144.014 beneficiarios registrados en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social a junio.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada este año después de un veto y una orden judicial, creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, el proyecto presupuestario sigue denominándola Pensión No Contributiva por Invalidez Laborativa, una nomenclatura más restrictiva que reduce el número de personas incluidas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que la reactivación de algunos puntos de la norma podría generar alrededor de 200.000 nuevos titulares de pensiones, con un costo equivalente al 0,04?% del PIB. Ese número coincide con las más de 200 mil solicitudes que la Conferencia Episcopal Argentina denuncia como “en trámite” y que, según la ley de emergencia, ya deberían haber sido incorporadas.
Los retrasos en los pagos a las instituciones que brindan servicios bajo el programa Incluir Salud agravan la situación. Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), señaló que la entidad no recibió pagos desde julio, lo que la obligó a vender un vehículo y a suspender el transporte de niños a sus terapias, provocando retrocesos en su autonomía.
En el Centro Santa Ana, de Entre Ríos, la cadena de pagos se normalizó recientemente tras 60-90 días de demora, pero la institución tuvo que cerrar una sede por la falta de fondos. Mireya Antivero, apoderada legal del centro, indicó que, aunque lograron reubicar a algunos niños, la reducción de plazas fue inevitable.
El presupuesto para 2027 contempla la incorporación de más de 125.000 personas asistidas al programa de “Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas”. No obstante, los recursos asignados sólo aumentan un 2?% (de $1,14?billones a $1,16?billones), una diferencia que el Ministerio de Salud no ha explicado.
El artículo 13 de la norma vigente establece una compensación económica para los prestadores, calculada en un 30,67?% de actualización. Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, confirmó que la compensación aún no se pagó y que quedaron excluidos algunos proveedores de salud, lo que dificulta la cobertura de los usuarios.
En la reunión entre el Ministerio de Salud y la Conferencia Episcopal, la Iglesia envió un documento crítico que denuncia la falta de pago y la incertidumbre que genera en las familias. Los representantes del Gobierno, sin embargo, mostraron pocas esperanzas de que la conversación resulte en cambios concretos.