Dieciséis organizaciones de derechos humanos, prensa y excombatientes de Malvinas solicitaron a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que se abra un espacio de participación social para analizar el proyecto de ley que incorpora la noción de seguridad nacional.
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Organizaciones de derechos humanos, entidades vinculadas a la prensa, especialistas en defensa y excombatientes de Malvinas solicitaron a la Cámara de Diputados la apertura de un espacio de participación social para discutir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. El pedido busca incorporar al debate parlamentario a referentes académicos y de la sociedad civil, ante los cambios que, según los firmantes, propone la iniciativa.
La presentación, realizada ayer, está dirigida a Juliana Santillán Juárez Brahim, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Se remite al Mensaje N° 275/2026 y reclama una discusión sobre modificaciones que las organizaciones consideran estructurales para el diseño institucional del Estado.
El punto central de la advertencia es la incorporación de la noción de “seguridad nacional” al ordenamiento jurídico. Según la carta, esa introducción reemplazaría implícitamente el marco regulatorio vigente de las funciones de defensa, seguridad interior e inteligencia. Los firmantes también señalan que el proyecto contempla cambios en el Código Penal, cuyo tratamiento requiere un debate amplio.
Las entidades sostienen que las transformaciones previstas pueden impactar la soberanía nacional, el debido proceso, la libertad de expresión y la división de poderes. La solicitud busca que esas consecuencias sean examinadas con aportes de especialistas y organizaciones, dentro de un ámbito convocado por la comisión parlamentaria.
En su fundamentación, los firmantes destacan que la preservación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la protección de los recursos naturales son “valores y objetivos estratégicos” que convocan a toda la sociedad argentina. Desde esa perspectiva, plantean que la apertura de la discusión fortalecería la deliberación sobre una iniciativa que involucra funciones centrales del Estado y garantías de los ciudadanos.
La petición reúne a dieciséis organizaciones. Entre ellas figuran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim). También adhieren el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Completan la nómina ANDHES, Democracia en Red, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundeps, las fundaciones Meridiano y Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y el Observatorio de Derecho Informático (ODIA).
A esas adhesiones se suman las firmas de Mariana Altieri, de la Universidad de Buenos Aires; Luciano Anzelini, de las universidades nacionales de Quilmes y San Martín; Jorge Battaglino y Ezequiel Magnani, del CONICET; y Sergio Eissa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La carta solicita que se disponga ese espacio de participación y queda a la espera de una respuesta de la presidenta de la comisión.
