El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el gobierno, iniciará su debate el miércoles en la Cámara de Diputados y contempla la derogación de la Ley 26.659 y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
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El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional será discutido a partir del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que comenzará a las 12:00. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, definió el cronograma: la primera sesión será informativa, con expositores invitados, y no se emitirán dictámenes.
Las tres comisiones que tratarán el proyecto están presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. El oficialismo anticipa una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre, con el objetivo de cerrar el debate, firmar los dictámenes y habilitar el proyecto para su votación en sesión especial el miércoles 7, a solicitud de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza.
Ingresado en la Cámara baja el 17 de septiembre, el proyecto se presenta como "un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur" y busca reafirmar que dichos territorios y sus espacios marítimos forman parte del territorio nacional, estableciendo la recuperación permanente como objetivo.
Entre sus principales medidas destaca la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del régimen sancionatorio a recursos naturales, tanto renovables como no renovables, explotados sin autorización estatal. Se proponen penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo y la inhabilitación especial de quienes, a sabiendas, suministren bienes o servicios esenciales a los infractores.
Los sancionados perderán exenciones impositivas y previsionales, verán revocadas sus habilitaciones, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, provincias, municipios y cualquier entidad radicada en el país, y no podrán desarrollar actividades económicas dentro del territorio argentino.
El proyecto también crea el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la Nación, que será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional. Entre sus atribuciones están asistir al presidente en cuestiones de seguridad, elaborar la política de seguridad nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Fuente: TN.com
