La jueza que había beneficiado a un adolescente de 14 años acusado de robo fue apartada del caso tras una ofensiva en su contra, resuelta por la Cámara de Apelaciones. Antes de su remoción, la magistrada afirmó que "la ley sigue vigente y se está aplicando a los adolescentes de 16 años que lo acompañaban".
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La Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó unánimemente la decisión de la jueza Laura de Marinis, quien había declarado inconstitucional la nueva Ley Penal Juvenil en un caso de robo que involucraba a un adolescente de 14 años. Los jueces Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larroca anularon el fallo, apartaron a la magistrada de la causa y revocaron el sobreseimiento del menor, ordenando una nueva investigación.
De esta manera, la causa vuelve a quedar bajo el marco del Régimen Penal Juvenil y el proceso deberá continuar conforme a lo que determine la Justicia a partir de la nueva resolución. Todo había comenzado el 10 de septiembre en el barrio porteño de Palermo, cuando un grupo de jóvenes intentó asaltar a un transeúnte identificado como Hernán, de 47 años, quien logró pedir ayuda policial. “Eran cinco, y había dos en la esquina que cuando empecé a caminar hacia media cuadra se juntaron con otros tres. Y en cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr”, relató la víctima.
Cuatro de los sospechosos fueron detenidos, entre ellos M.I.A., de 14 años, quien quedó imputado por tentativa de robo.
La causa cayó en manos de la jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil N.º 3, quien declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad mínima para la responsabilidad penal juvenil. Sobreseyó y liberó al menor al considerar que aplicarle el sistema penal a un adolescente en situación de vulnerabilidad y sin contención estatal previa era “regresivo” y vulneraba tratados internacionales.
En un mano a mano con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la magistrada explicó que su decisión estuvo vinculada a l
as características particulares del adolescente y del hecho investigado. “No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto”, sostuvo.
De Marinis remarcó además que tuvo en cuenta el principio de no regresividad y el interés superior del niño, establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño. “En este caso concreto, yo analicé que para este adolescente resultaba regresivo”, explicó.
La jueza también aclaró que su resolución no implica que la Ley Penal Juvenil haya dejado de estar vigente. “La ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, señaló, y agregó: “Esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”.
Al mismo tiempo, ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para establecer medidas de acompañamiento familiar, educativo y social.
Las decisiones fueron apeladas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que además
pidió que la magistrada fuera apartada del expediente. Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, cuestionaron los argumentos utilizados para dejar de aplicar el nuevo régimen y sostuvieron que la edad mínima de punibilidad establecida por la ley funciona como una regla general.
Así, plantearon que las condiciones particulares del adolescente deben ser tenidas en cuenta al momento de definir qué medidas corresponden, pero que esa situación no implica que quede automáticamente excluido del sistema penal juvenil.
Paralelamente, la Fiscalía cuestionó que la declaración de inconstitucionalidad pudiera aplicarse en ese caso y remarcó que el nuevo régimen se encontraba vigente desde el 5 de septiembre.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había cuestionado públicamente el fallo de De Marinis y había afirmado:
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”.
Sostuvo, además, que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y agregó: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.
Acto seguido, Macri había instruido al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con la presentación y había cuestionado que la jueza dejara de aplicar una norma sancionada por el Congreso. “Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora”, había planteado. También había calificado la resolución como “una locura” y sostenido que los jueces deben hacer cumplir las leyes. Ahora, después de conocer la decisión de la Cámara, Macri volvió a referirse al caso a través de sus redes sociales y celebró la revocación del fallo. “Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, escribió el jefe de Gobierno porteño.
