El Senado se constituye como tribunal para el juicio político contra el presidente Santiago Peña, luego de la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño y de la intervención del Banco Ueno. Peña comparecerá este viernes mientras permanece en el cargo.
El Senado de Paraguay se constituye como tribunal juzgador en el proceso político contra el presidente Santiago Peña, tras la acusación de la Cámara de Diputados por un presunto mal desempeño de sus funciones y la reciente intervención del Banco Ueno. Peña comparecerá este viernes y sigue ejerciendo la Presidencia.
De ser hallado culpable, perdería la elegibilidad para ser senador vitalicio, condición reservada a expresidentes, y su inmunidad parlamentaria, lo que permitiría que avance su procesamiento penal si el fiscal Emiliano Rolón Fernández presenta cargos. El Fiscal General ya ordenó tres investigaciones penales por la crisis que incluyen denuncias contra Peña y otros funcionarios.
La acusación, que activa el mecanismo del artículo 225 de la Constitución, señala a Peña de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. Vallejo relató que el país vivió “una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos”, cerca de la mitad de la población, y advirtió que “muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros”.
La fiscal acusadora también indicó que el Banco Central del Paraguay le dio al Banco Ueno una “sentencia de muerte inmediata” sin una “previa intervención”. El libelo advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, en alusión a la participación de Peña en Ueno Holding hasta que vendió sus acciones en marzo de 2025.
Peña se convierte en el segundo gobernante sometido a juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del expresidente Fernando Lugo, quien fue desalojado del poder por el Congreso.
Ueno Bank fue intervenido esta semana por el Banco Central debido a problemas de solvencia, luego de que la entidad detectara que su índice cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. Ocho ejecutivos y altos cargos fueron detenidos, entre ellos el presidente Juan Manuel Gustale y el CEO Federico Miguel Vázquez, socio comercial hasta recientemente de Peña.
Hasta septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud.
Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, la entidad se expandió rápidamente: ofreció reembolsos en compras de supermercado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol y puso su nombre en varios estadios. Bajo el mandato de Peña, fondos públicos fluyeron hacia Ueno, y el mandatario nombró a Carlos Carvallo, presidente de la antecesora del banco, al frente del Banco Central, organismo encargado de supervisarlo.
En junio, inspectores del Banco Central detectaron un patrón de concesión de créditos de alto riesgo a personas vinculadas a la entidad, según informó el diario ABC Color. Ueno Bank había otorgado grandes sumas a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites legales y sin garantías suficientes para cubrir las deudas en caso de impago. Peña restó importancia a esas advertencias y, el mes pasado, calificó las preocupaciones como una campaña de desprestigio destinada a alarmar a la opinión pública.
La crisis provocó que el propio Partido Colorado se volviera en contra de su presidente, en un giro que sorprendió al ex‑economista del FMI y a los políticos más influyentes del país. Incluso su mentor, el expresidente Horacio Cartes, que gobernó entre 2013 y 2018, apoyó el proceso de juicio político y afirmó que el partido no respaldaría el “saqueo” de fondos públicos y privados.
En su cuenta de X, Peña adelantó que se presentaría ante el Senado “y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la república”. Sectores de la oposición y disidentes colorados cuestionaron la maniobra de los diputados oficialistas que dejó sin quórum a la Cámara Baja y exigieron claridad sobre la hoja de ruta parlamentaria para evitar una parálisis institucional.