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Nuevas reglas en Mendoza: organismos públicos ya no podrán exigir ciertos documentos

El Gobierno simplifica trámites para ciudadanos al regular "Mendoza por Mí", la identidad digital y las notificaciones electrónicas.

Viernes, 20 de Noviembre de 2026
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El gobierno de Alfredo Cornejo ha reglamentado la Ley 9625 del Sistema de Administración Pública Digital de Mendoza, mediante el Decreto 2504, publicado el 13 de noviembre en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por el gobernador y el ministro Natalio Mema, moderniza los trámites, la presentación de documentos y las notificaciones oficiales, estableciendo plazos para la digitalización de los organismos provinciales.

Un objetivo clave es evitar la reiterada presentación de documentación por parte de los ciudadanos, integrando las bases de datos provinciales a través del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza).

La reglamentación también establece el funcionamiento de nuevas herramientas dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), entre ellas la identidad digital, el acceso a documentos oficiales y las notificaciones electrónicas.

El principio "Solo una vez" prohíbe a las dependencias provinciales solicitar información o documentación ya disponible en el sistema de interoperabilidad. Los organismos deberán obtenerla por esta vía en lugar de exigirla al ciudadano, aunque esta medida se aplicará progresivamente según la implementación del sistema.

Asimismo, el decreto obliga a los organismos a revisar sus procedimientos para digitalizar la presentación de documentación y firmas, eliminando requisitos en papel si existe una alternativa digital legalmente equivalente. La documentación física solo se mantendrá excepcionalmente, con justificación y aprobación de la Dirección de Modernización.

Además, la normativa contempla posibles sanciones administrativas para los agentes públicos que incumplan injustificadamente estas obligaciones, así como para los superiores que omitan supervisar su cumplimiento. En todos los casos deberá garantizarse el debido proceso y el derecho de defensa.

Documentos digitales con la misma validez que los físicos

La nueva normativa en Mendoza moderniza la gestión pública a través de la digitalización. Se implementa el Portadocumento Digital Ciudadano para acceder a documentos oficiales desde la plataforma "Mendoza por Mí", incluyendo licencias y certificados, que serán aceptados por organismos oficiales sin necesidad de originales físicos. La Identidad Digital Única (IDU) permitirá el acceso a servicios públicos digitales con tres niveles de seguridad (básico, sustancial y alto), y no requerirá credenciales adicionales una vez acreditada.

La Casilla Digital de Notificaciones funcionará como domicilio electrónico para comunicaciones oficiales, considerándose notificadas legalmente al día hábil siguiente de su depósito, independientemente de su lectura. Los avisos complementarios (email/teléfono) son solo informativos y su no recepción no invalida la notificación oficial. En caso de fallas del sistema, los plazos administrativos se suspenderán. Se contemplan excepciones para personas con dificultades de acceso a herramientas digitales.

El decreto establece plazos para la digitalización de organismos públicos: en 30 días, cada entidad designará una Autoridad Digital Institucional; en 90 días, la Dirección de Modernización publicará estándares de interoperabilidad; y en 60 días adicionales, elaborará el Plan de Interoperabilidad Provincial. Posteriormente, cada organismo presentará su plan de integración en 60 días. Un Comité de Alto Nivel supervisará este proceso. Los municipios podrán adherirse al ecosistema digital mediante convenios específicos.

La normativa también refuerza la protección de datos personales, exigiendo a los organismos públicos salvaguardar la información, limitar su uso y prevenir accesos indebidos. Los ciudadanos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos. Los incidentes de seguridad deberán comunicarse en 48 horas. Se realizarán evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo. La información pública se clasificará en acceso público, público con restricciones y reservado, con responsables para su gestión y protección.

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