El Senado dio sanción final a los cambios en el régimen disciplinario, impulsado por el Gobierno. Cómo afecta al empleado público mendocino.
La nueva ley modifica la Ley 9.103, agilizando la detección de faltas, la recolección de pruebas, la distribución de competencias y la resolución de sumarios de empleados públicos. Incluye la designación de responsables de presentismo, investigaciones de oficio y notificaciones/audiencias electrónicas.
La oposición, especialmente el justicialismo y kirchnerismo, la considera inconstitucional por afectar garantías laborales y critica que los cambios no se discutieron en paritarias. El oficialismo defiende la reforma como una actualización tecnológica para agilizar los procesos, manteniendo las garantías y el derecho a la defensa de los agentes, según la senadora Natacha Eisenchlas.
Uno de los cambios principales es la creación del Responsable Administrativo de Presentismo. Según la Provincia, el ausentismo injustificado representa el 40% de los sumarios actuales. Cada jurisdicción, organismo o dependencia designará a una persona para controlar los registros de asistencia y mantener actualizadas las novedades del personal. Cuando la información recabada alerte sobre posibles causas de cesantía por inasistencias, el responsable lo comunicará de inmediato a Recursos Humanos con los antecedentes.
La nueva ley otorga mayor autonomía técnica y funcional a la Oficina General de Sumarios para investigar faltas disciplinarias. Este organismo podrá iniciar investigaciones de oficio al tomar conocimiento de posibles infracciones, sin depender de la remisión formal de las actuaciones por parte de la repartición involucrada. Además, se busca que la Oficina conozca anticipadamente situaciones de riesgo mediante alertas de Recursos Humanos, y se establece la obligación de todos los organismos, funcionarios y agentes de colaborar con las investigaciones. El objetivo es agilizar los procesos, ya que, según datos oficiales, en 2026, el 25% de los expedientes correspondían a hechos de 2025 y el resto a períodos anteriores.
La iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, pero establece qué autoridades estarán facultadas para aplicarlas según la gravedad de la medida.
Apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días: estarán a cargo del jefe superior inmediato.
Suspensiones de más de cinco y hasta 15 días: las aplicará el ministro o secretario de la jurisdicción correspondiente.
Suspensiones superiores a 15 días, cesantía y exoneración: corresponderán al Poder Ejecutivo.
Entes descentralizados: la autoridad superior de cada organismo podrá aplicar todas las sanciones.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. El texto prevé una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial.
La reforma también plantea que las faltas de menor entidad puedan ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la ley y con respeto por el derecho de defensa. De esta manera, la Oficina General de Sumarios podría concentrarse en los expedientes que requieran una intervención especializada por la naturaleza o gravedad de los hechos.
La reforma también incorpora herramientas tecnológicas y modificaciones procesales destinadas a evitar actuaciones repetidas, ordenar expedientes relacionados y facilitar su resolución. Entre las medidas previstas se encuentran las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, el uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y la realización de audiencias virtuales.