La norma busca facilitar acuerdos entre deudores y acreedores, sin que el Estado provincial asuma las deudas, y establece controles sobre las entidades que utilicen el régimen.

El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9730 de Alivio Financiero, que busca facilitar la refinanciación de deudas para familias y empresas con dificultades de pago. La ley, sancionada el 15 de septiembre y publicada el miércoles en el Boletín Oficial, establece beneficios impositivos para acreedores que modifiquen las condiciones de pago de deudas existentes.
El objetivo es incentivar acuerdos para extender plazos, modificar cuotas, reducir la carga financiera o cambiar otras condiciones contractuales. La norma no implica que la Provincia asuma las deudas, sino que utiliza herramientas tributarias para motivar a bancos y entidades financieras a ofrecer alternativas de pago, en respuesta al aumento de la morosidad en Mendoza.
La principal herramienta prevista por la Ley 9730 es la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación que cumplan con los requisitos establecidos. Además, las entidades que otorguen determinadas refinanciaciones podrán acceder a una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5%.
Para acceder a este último beneficio, los contratos deberán contemplar una Tasa Nominal Anual que no supere el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. La iniciativa había sido presentada por el Gobierno con el objetivo de generar incentivos para que los acreedores ofrezcan condiciones de mayor plazo y menor carga financiera a sus deudores.
La ley entiende por refinanciación la modificación de las condiciones de pago de una deuda existente por parte de la entidad acreedora, abarcando cambios en plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas. También incluye la cancelación de deudas existentes con otras entidades.
En cambio, no serán consideradas refinanciaciones la cesión, venta, securitización o transferencia de una cartera de deudores a terceros. De esta manera, el régimen apunta específicamente a modificaciones de las condiciones de pago y no a operaciones de transferencia de créditos.
La Ley 9730 está dirigida tanto a personas humanas como jurídicas que tengan deudas susceptibles de ser refinanciadas. El esquema también puede alcanzar a quienes todavía se encuentran al día con sus obligaciones, pero necesitan modificar las condiciones de sus créditos para reducir su carga financiera.
El proyecto oficial diagnosticó que en Mendoza, de aproximadamente 870 000 créditos, unos 271 000 estaban en mora. El saldo promedio de estas deudas era de $1,1 millones para familias y $2,8 millones para empresas. Cerca de la mitad de los deudores estaban en situación 5 (irrecuperable) según la Central de Deudores del Banco Central, y unos 100 000 presentaban atrasos de entre 30 y 180 días.
El Gobierno provincial advirtió que el aumento de la morosidad no solo afecta a quienes tienen problemas para pagar, sino que también puede restringir el acceso a nuevos préstamos y elevar las tasas para otros usuarios del sistema financiero.
Las entidades que utilicen los beneficios de la ley deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con el detalle de las operaciones de refinanciación realizadas durante cada período.
La ATM estará facultada para solicitar información adicional y cruzar los datos declarados con la información disponible en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. En caso de que una entidad presente información falsa, deberá afrontar las sanciones previstas en el Código Fiscal provincial y pagar los impuestos omitidos, además de los intereses, accesorios y multas correspondientes.
La Ley 9730 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga de hasta seis meses por parte del Poder Ejecutivo. Esta ley implementa incentivos fiscales para reducir la morosidad y facilitar la reestructuración de deudas, promoviendo la negociación entre acreedores y deudores sin que el Estado provincial asuma las obligaciones financieras.