La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, devolviendo a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y aprobar los reajustes tarifarios.
Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. Con la decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la facultad de revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
El fallo afecta cerca de 500 causas similares pendientes y podría servir de referencia para reclamos de afiliados en distintos tribunales que ya pagaron aumentos y exigen su restitución.
La decisión confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata iniciada por una afiliada cuya cuota se incrementó 110 % entre diciembre de 2023 y febrero de 2024; de haberse aplicado la resolución del Ministerio de Salud, el ajuste para enero de 2024 habría sido del 6,26 %.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el DNU 70/2023. La causa llegó a la Corte por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la ley 26.682 y modificado otra que sometía a supervisión estatal los valores de las cuotas de los servicios de salud. Con la decisión judicial, la Superintendencia deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias y garantizar que sean razonables.
El organismo también recuperará la potestad de autorizar incrementos cuando estén fundados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. La Corte, sin embargo, revocó la parte de la sentencia de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor.
La decisión no fija un tope automático vinculado a la inflación; restituisce las competencias regulatorias de la autoridad de aplicación, y cada incremento quedará sujeto a los criterios previstos por la normativa que vuelve a regir.
La Corte sostuvo que la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas solo bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Para dictar un decreto de necesidad y urgencia, debe existir una imposibilidad del Congreso de sancionar una ley por el procedimiento ordinario o una urgencia que requiera una solución en un plazo incompatible con ese trámite.
El tribunal recordó su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia, ratificada en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto. Bajo ese criterio, señaló que los considerandos del DNU no ofrecían una justificación mínima de las circunstancias excepcionales que permitieran eliminar los controles sobre los precios de las prepagas.
La mera invocación de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la liberación de restricciones de precios no acreditaba una urgencia de tal magnitud, ni se demostró una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Poder Ejecutivo y la supresión de las facultades de control estatal.
La Corte subrayó que los criterios de conveniencia del Poder Ejecutivo no pueden justificar la imposición de un régimen excepcional. La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre el tratamiento de una ley en el Congreso y la aprobación más rápida de contenidos materiales mediante un decreto.
El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitó a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y no implica emitir opinión sobre los demás aspectos del decreto.