El asesor presidencial afirmó que la iniciativa también cuenta con el respaldo de bloques aliados en el Congreso. El oficialismo negocia cambios en el Consejo de Seguridad Nacional que propone crear la norma.
El 22 de octubre, el asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que la mayoría de los gobernadores argentinos y los bloques legislativos aliados apoyan el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas), enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei. Estas declaraciones surgieron en medio de negociaciones del oficialismo para consensuar cambios en seguridad, defensa e inteligencia propuestos en el texto.
"La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno", escribió Caputo en X, donde también calificó la causa Malvinas como "sagrada para los argentinos". El asesor sostuvo que ninguna gestión había hecho tanto como la actual para defender el reclamo de soberanía y calificó de "fake news" las versiones que cuestionaban la iniciativa. Además, cerró su publicación con un insulto dirigido a quienes difundieron esas informaciones.
Caputo no identificó a los gobernadores que habrían comprometido su respaldo al texto ni precisó qué acuerdos con los bloques aliados estaban cerrados. En Diputados, el oficialismo todavía no había conseguido un dictamen unificado y continuaba negociando modificaciones con los sectores dialoguistas. El proyecto combina nuevas sanciones por la explotación de recursos naturales en Malvinas con reformas en seguridad y defensa nacional que generaron objeciones entre los legisladores.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con 133 artículos a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre para reforzar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La iniciativa busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización y contempla medidas económicas para desalentar dichas actividades, reemplazando la Ley 26.659. Un punto central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, relaciones exteriores, seguridad e infraestructura estratégica. El proyecto también modifica la Ley de Defensa Nacional y el Código Penal, incluyendo figuras relacionadas con espionaje, injerencia extranjera y desinformación.
Estas modificaciones han generado diferencias entre sectores del Gobierno y bloques parlamentarios, especialmente en las negociaciones con La Libertad Avanza sobre la composición del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades de supervisión del Congreso. Organizaciones civiles y referentes de la oposición han cuestionado artículos por posibles implicaciones en las libertades individuales y las funciones de inteligencia.
Gobernadores como Raúl Jalil, Alfredo Cornejo y Hugo Passalacqua expresaron su respaldo al reclamo sobre Malvinas antes de la presentación del proyecto, lo que no confirma su apoyo a la totalidad de los 133 artículos. El proyecto se debate en un plenario de comisiones de Diputados, donde se han presentado diversas observaciones. Una reunión conjunta fue postergada al 27 de octubre mientras el oficialismo busca acordar modificaciones sobre el Consejo de Seguridad Nacional y la supervisión del Congreso.