La Corte Suprema restableció los límites a la compra de tierras por extranjeros, debilitando la sesión especial que buscaba derogar el DNU 70/23 de Milei.
Voceros del Gobierno admitieron sentir alivio por la medida cautelar interina dictada por la Corte Suprema el viernes, que restableció las restricciones a la compra de campos por extranjeros previstas en la Ley de Tierras. El fallo, tomado de urgencia por dos conjueces y con una disidencia firme de Carlos Rosenkrantz, fue dividido.
En Balcarce, los funcionarios aseguraron que la decisión “descomprime” la amenaza de que la oposición intente, el próximo jueves, una sesión especial en la Cámara de Diputados para revertir el DNU 70/23 (no solo el artículo 154). Esa iniciativa, impulsada por el PJ, la izquierda y algunos aliados del oficialismo, surgió como respuesta a la sentencia anterior del tribunal.
“Nos quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada.
En la práctica, la Corte anuló los efectos del fallo del martes de la semana pasada, en el que, invocando un motivo procesal, había revocado la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras.
Ese fallo sorpresivo, que llevaba más de dos años pendiente, generó críticas y una inusual aclaración pública del tribunal. Con la nueva medida, la Corte ayudó al Gobierno a desactivar el desafío opositor.
Además, el Gobierno interpretó que la decisión “deja totalmente zanjado un tema que ya estaba cerrado” respecto a la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros, que había quedado fuera del debate en el Congreso.
“Habíamos perdido esa batalla y quisimos dar vuelta de página. Esto va en ese sentido”, completaron en reserva fuentes oficiales.
La discusión sobre la Ley de Tierras provocó una autocrítica en la mesa política que se reúne todos los martes en Casa Rosada.
Según el Gobierno, el fallo podría complicar al peronismo en su intento de unificarse de cara al año electoral. “Ellos [el PJ] estaban jugando para voltear el decreto 70/23”, dijeron los voceros.
La Casa Rosada descartó taxativamente cualquier contacto entre el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem con los jueces.
Por su parte, la Corte habló de un buen diálogo institucional con el Gobierno, pero sin admitir conversaciones previas. “Venimos de un pedido de juicio político y ataque sistemático del exministro Martín Soria y del expresidente Alberto Fernández”, señaló un vocero del máximo tribunal.